Corte Suprema Estadounidense avala discriminación

migrantes-1Con motivo de la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, se vuelve indispensable hacer alusión a la Opinión Consultiva 18/03 solicitada por México ante la Corte Interamericana de Derechos humanos.

Se presenta en la misma un resumen de observaciones por parte de Estados, la Comisión IDH y amici curiae de diversos organismos. La opinión de México es la primera en desarrollarse (que por cierto, hace un despliegue de defensa de los derechos de las personas migrantes mexicanas en EUA tan hermosa y digna de admiración, que nadie creería lo que hace ahora con los migrantes que pasan por el país :/ )

Cuatro amici serán centrales para la entrada de blog de hoy: Labor, civil rights and immigrants righs organizations in the Unted States, Delgado Law Firm y las opiniones de Javier Juarez y Thomas Brill, del Law Office of Sayre & Chavez, que desarrollan en su argumentación el caso de Hoffman Plastic Compunds Inc. vs National Labor Relations Board, de fecha marzo de 2002.

De acuerdo a los referidos, EUA tiene la población más grande de migrantes del mundo, afirmando que para la fecha de emisión de este documento (2003) son 5.3 millones de personas (3 millones son mexicanos), número suficiente para afirmar que dicha población representa un factor económico serio. Su trabajo se caracteriza por salarios bajos y riesgo elevado. Aun cuando los empleadores quebrantan la ley, las sanciones y multas que reciben son bajas y poco frecuentes. Por lo tanto, conforme a la legislación actual, los empleadores pueden contratar a trabajadores “no-autorizados”, beneficiarse de ellos y amenazarlos con denunciarlos al Immigration and Naturalization Service, sin temor a las posibles acciones del gobierno. Dicho sea de paso, tal práctica generalizada de discriminación y violación de derechos laborales a personas migrantes se avala por la Corte Suprema estadounidense en el caso Hoffman Plastic Compunds Inc. vs National Labor Relations Board.

Aquí cronología del caso, cortesía de Thomas Brill:

  • La compañía Hoffman Plastic Compounds contrató al señor José Castro en mayo de 1988.
  • En diciembre de 1988 el señor Castro y otros trabajadores iniciaron una campaña para organizar un sindicato.
  • En enero de 1989 la empresa despidió al señor Castro y a otros tres trabajadores por intentar formar y ser parte de un sindicato.
  • En enero de 1992 la National Labor Relations Board ordenó a la compañía Hoffman Plastic Compounds que reinstalara al señor Castro y le pagara los salarios caídos [back pay] que eventualmente habría recibido si no fuera por la decisión que tomó la empresa de despedirlo a causa de estar involucrado en actividades sindicales. La empresa se negó a pagar al señor Castro los salarios caídos [back pay] debido a que éste admitió que no tenía permiso de trabajo.
  • En septiembre de 1998 la National Labor Relations Board decidió que la compañía debía pagar al señor Castro los salarios caídos [back pay] correspondientes al período que había entre su despido y la fecha en la que admitió que no tenía la documentación correspondiente al permiso de trabajo. En tal decisión, la National Labor dijo que “[l]a forma más efectiva de adaptar y fomentar las políticas de inmigración de los Estados Unidos […] es proporcionando las garantías y los recursos de la National Labor Relations Act a los trabajadores indocumentados de la misma manera que a otros empleados”.
  • La compañía Hoffman Plastic Compounds se negó a pagar al señor Castro y presentó una apelación. En el año 2001 la Corte Federal de Apelaciones confirmó lo ordenado por la National Labor Relations Board, y entonces la compañía Hoffman Plastic Compounds presentó una apelación ante la Suprema Corte de los Estados Unidos de América.
  • En su decisión de marzo de 2002 la Suprema Corte revocó las decisiones de la Corte de Apelaciones y de la National Labor Relations Board. La Suprema Corte denegó la solicitud de salarios caídos [back pay] del señor José Castro, y sostuvo que en el caso de los trabajadores en situación irregular que son despedidos por realizar actividades de organización sindical, la prohibición de la ley de inmigración de trabajar sin autorización prevalecía sobre el derecho de formar y ser parte de un sindicato.

En pocas palabras, la Corte Suprema ha dicho que la ley de inmigración está por encima de los derechos (humanos) laborales y el derecho a la igualdad, consagrado por la comunidad internacional como parte del Ius cogens. Durante el caso, el empleador no negó haber despedido al trabajador por intentar organizar un sindicato, sin embargo, aunque incurre en una violación a los derechos humanos no hubo consecuencia para él, por tratarse la víctima de un migrante.

Desde su publicación, la decisión ha causado mayor discriminación de empleadores hacia personas en situación irregular, además de fomentar la práctica en la cual los empleadores amenazan a sus subordinados de correrlos y denunciarlos a inmigración si quieren hacer efectivos sus derechos. Y si deciden correrlos, saben de antemano que no habrá consecuencias; a grandes rasgos, han avalado un sistema que viola el derecho internacional de los derechos humanos.

Es relevante destacar que hubo votos disidentes, (5 a 4 votos), que reflexionaron sobre las consecuencias que se originarían: aminoración de la legislación laboral, fomento a que los empleadores contraten trabajadores indocumentados (debido a que pueden pagarles poco y no respetarles sus derechos), y las personas que más protección necesitan por encontrase en un grupo vulnerable quedarían en estado de indefensión. Sumado a ello, la decisión no responde a su propio argumento, pues el pago de salarios caídos no es contrario a la política nacional de inmigración.

Para finalizar, me remito a lo afirmado por Delgado Law firm:

Contar con mano de obra barata sin garantizarle los derechos humanos básicos no es una política inmigratoria legítima

A ningún Estado se le debe permitir beneficiarse, a sabiendas y continuamente, del sudor y trabajo de millones de trabajadores migrantes, mientras finge al mismo tiempo que no desea a tales trabajadores y, por lo tanto, no les tiene que garantizar siquiera sus derechos más básicos. Los trabajadores migrantes tienen derecho a una protección igualitaria de la ley, incluyendo la protección a sus derechos humanos.

 

Nos vemos en la tarde para la presentación del protocolo, saludos !

Referencias:

OC 18/03: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf?view=1

Presentación del protocolo: http://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/node/7009

Imagen: http://thesocialsciencepost.com/es/2015/05/la-supervivencia-del-hombre-los-derechos-de-los-migrantes/

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